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Instituciones fallidas generan temor ante el Plan Nacional de Identidad Biométrica de México

Las bases de datos biométricas centralizadas mantenidas por gobiernos poco confiables que no han aprobado leyes sólidas de protección de datos continúan generando críticas y temor.

Uno de los ejemplos más recientes proviene de Resto del mundo, quien entrevista al activista de derechos digitales Luis Fernando García sobre sus temores de que el sistema nacional de identificación digital de México sea el último paso en un esquema de control poblacional colonial.

García compara el programa de identificación nacional obligatorio de México, CUID, con los de India, Uganda y Kenia. También le dice a la publicación que “agencias de inteligencia sofisticadas en países ricos” están apoyando el programa, sin hacer referencia a una agencia, país o programa específico.

“Tienen capacidades ofensivas que les permiten atacar, obtener y recolectar información que los países menos desarrollados crean a través de estas bases de datos”, afirma.

Su motivación para desviar tantos datos del Sur Global como sea posible, según García, es el dinero que se puede ganar con los datos. El Banco Mundial, en esta interpretación, está actuando como un tonto para los poderes coloniales represivos.

García señala que el Banco Mundial no está financiando programas nacionales de identificación digital en países del hemisferio norte que no los tienen, como Estados Unidos, Canadá y Alemania. No menciona que alrededor del 10 al 20 por ciento de los canadienses son sin banco o banco insuficiente, ‘en comparación con aproximadamente 60 por ciento en Mexico.

Mucha gente está dispuesta a aceptar la vigilancia universal, dice García, a cambio de la promesa de reducir la corrupción y el crimen. Al discutir este miedo, las raíces de las preocupaciones de García son claras.

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“Durante décadas, el gobierno mexicano ha incrementado sus poderes legales y capacidades tecnológicas para interceptar comunicaciones, acceder a metadatos de comunicaciones, hacer rastreo de ubicación en tiempo real y acceder a información financiera”, informa la activista. “No es la falta de tecnología, ni de facultades legales, ni de datos disponibles, lo que el gobierno tiene o puede obtener legalmente. Ese no es el problema. Es el hecho de que existe una corrupción generalizada y connivencia con el crimen organizado por parte de las autoridades que deben investigarlos y enjuiciarlos ”.

En otras palabras, la promesa de reducir la corrupción depende de las acciones de entidades corruptas.

México cuenta con una ley de protección de datos, pero no se aplica a Sector público.

La Corte Suprema del país bloqueó el requisito de registro biométrico para el registro de dispositivos móviles a principios de este año y recientemente extendió el fallo.

Temas del artículo

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Angélica Bracamonte

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