CIUDAD DE MÉXICO (AP) – Activistas y figuras de la oposición rugieron el miércoles después de que el Senado mexicano aprobara una ley que obliga a las empresas de telefonía celular a recopilar datos biométricos y de identificación de clientes, como huellas dactilares o escáneres oculares.
El partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador ha apoyado el proyecto de ley, diciendo que es necesario para combatir delitos como la extorsión y el secuestro, que a menudo involucran el uso de teléfonos celulares.
La legislación, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, otorgaría a las empresas de telefonía celular dos años para recopilar los datos y ponerlos a disposición del gobierno.
Grupos cívicos dijeron que la medida pondría en riesgo los datos personales de los clientes y haría poco para combatir el crimen. El gobierno mexicano ha intentado registrar teléfonos celulares antes, sin éxito, y ni siquiera ha podido bloquear las llamadas desde el interior de las cárceles.
López Obrador, quien aún no ha firmado el proyecto de ley para que se convierta en ley, dijo que «es solo una oficina de registro para cuidar a la población», y agregó que «nunca vamos a espiar a nadie».
Los críticos están más preocupados por la información que se filtra o vende, y dicen que puede ayudar a los ladrones, extorsionadores y secuestradores.
El grupo cívico Digital Rights Advocacy Network dijo que «solo los países autoritarios» exigen esta información sobre los usuarios de teléfonos celulares y que los delincuentes pueden robar o clonar chips o teléfonos fácilmente para eludir los requisitos.
El grupo señaló que un registro similar intentado por una administración anterior entre 2008 y 2011 fue abandonado después de la filtración de datos del usuario.
El informe dijo que este récord gubernamental masivo de hasta 120 millones de líneas celulares también sería vulnerable a los piratas informáticos.
Los opositores dijeron que buscarían bloquear la ley en los tribunales.
