Expertos acusan a México de entorpecer nueva investigación sobre desapariciones de estudiantes en 2014
CIUDAD DE MÉXICO, 29 sep (Reuters) – Un panel de expertos acusó el jueves al gobierno mexicano de bloquear los juicios por la desaparición de 43 maestros en 2014, lo que asestó un duro golpe al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió esclarecer el caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que elementos del gobierno interfirieron en la problemática investigación de uno de los escándalos de derechos humanos más notorios de México.
«Lo duro, categóricamente, es que hubo esfuerzos para retrasar las investigaciones», dijo Ángela Buitrago, una de los cuatro miembros del GIEI, en una conferencia de prensa.
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Después de asumir el cargo en 2018, López Obrador creó una comisión de la verdad para investigar el presunto secuestro y masacre de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, en el suroeste del país. Designó un procurador especial y renovó el mandato del GIEI, que formó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014.
El último informe de su gobierno, presentado el mes pasado, calificó las desapariciones como un «crimen de Estado». Los hallazgos dieron lugar a los primeros cargos contra un exfuncionario de alto rango, el exfiscal general Jesús Murillo, y más de 80 órdenes de arresto contra militares, policías y funcionarios gubernamentales, entre otros.
Sin embargo, en las siguientes semanas se retiraron 21 órdenes de aprehensión, dijo el GIEI, y el fiscal especial del caso renunció por lo que López Obrador calificó de inconformidades sobre el procedimiento.
El Fiscal General de México no respondió a una solicitud de comentarios sobre las críticas del GIEI.
El miembro del GIEI, Francisco Cox, dijo que las órdenes de arresto fueron canceladas por funcionarios que desconocían el caso y que no informaron al fiscal especial, dando la impresión de que el motivo «no estaba relacionado con la investigación».
Cox también expresó su preocupación por los argumentos presentados contra Murillo, diciendo que los investigadores no habían incluido pruebas que apuntaran a su culpabilidad. «Existe el riesgo de que no se llegue a una condena», dijo.
Más temprano el jueves, López Obrador reafirmó su compromiso de descubrir la verdad y castigar a los responsables, y dijo que las autoridades procesarían «siempre que tengan pruebas».
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Información de Daina Beth Solomon y Lizbeth Diaz; Editado por Cynthia Osterman
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